Estimada/o Congresista:
Le estoy escribiendo para exigir que tome medidas inmediatas para proteger el derecho que tienen las mujeres embarazadas de tomar sus propias decisiones médicas.
Tres casos recientes dejan claro que este derecho corre un grave peligro.
En la Florida, Cherise Doyley llevaba doce horas en labor de parto activo cuando una computadora tablet fue llevada a su cama en el hospital. Estaba ante un tribunal, sin abogado, sin defensores y sin tiempo para prepararse mientras daba a luz. Un juez la obligó a hacerse una cesárea que ella había rechazado explícitamente. Brianna Bennett se enfrentó a la misma situación en el Hospital Memorial de Tallahassee en 2023. Después de 24 horas de labor de parto, un tribunal ordenó que fuera sometida a una operación tan complicada que se le recomendó que no se embarazara de nuevo en el futuro. Las dos mujeres eran afroamericanas. Las dos fueron informadas. Las dos fueron desestimadas.
En Georgia, Alexia Moore, veterana de las fuerzas armadas de EE. UU. y madre de dos niños, fue acusada de asesinato después de tratar de interrumpir un embarazo sin que hubiera opciones legales disponibles para ella. Incluso el juez que determinó que su fianza sería un dólar dijo que la acusación era “extremadamente problemática”.
En la actualidad, el embarazo es la única condición en la que los tribunales estadounidenses han determinado que un paciente puede ser obligado a someterse a un tratamiento médico que no desea. Esto no es correcto. Tiene que acabar.
Le pido que entre en acción, ya sea a través de legislaciones o audiencias y que use todas las herramientas que tiene disponibles para asegurar que las mujeres embarazadas de este país tengan el mismo derecho que cualquier otro paciente: el derecho a tomar decisiones sobre sus propios cuerpos, libres de las interferencias, las acusaciones o los castigos del gobierno.
Sinceramente,